Redacción

La diputada Concepción Rueda Gómez respaldó las acciones legales emprendidas por el Gobierno de México para frenar el tráfico ilegal de armas a territorio mexicano.

La legisladora destacó el trabajo realizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de poner un alto al crimen organizado para seguir construyendo la paz en el país.

En el mensaje de la legisladora, informó que el ingreso ilegal de armas provenientes de los Estados Unidos a nuestro país, ha tenido graves consecuencias y ha sido detonante de la crisis de seguridad que se vive en algunas regiones desde hace más de una década.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el 2014, año en que en los Estados Unidos estaba prohibida la venta libre de rifles de asalto, se registraron un total de 11 mil 658 homicidios en nuestro país, mientras que para el 2020 se contabilizaron 28 mil 830 asesinatos.

En el mismo sentido, el Secretariado dio a conocer que mientras que en el 2014 el porcentaje de homicidios perpetrados con armas fue de 25 por ciento, para el año 2020 está cifra representó el 70 por ciento del total.

Otro dato revelador dijo, es el que presenta el Centro para el Progreso Estadunidense, mismo que estima que, cada año ingresan ilegalmente a México alrededor de 213 mil armas provenientes de los Estados Unidos, lo cual ha sido un factor clave en las altas cifras de homicidio de nuestro país.

Ante esta situación, la diputada informó que el 04 de agosto de 2021, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó una demanda civil en Massachusetts contra fabricantes y distribuidoras de armas estadounidenses por prácticas comerciales ilegales y negligentes que propician el tráfico de armas a nuestro país. Se trató, de acuerdo a un comunicado de la SRE, de la primera vez en que un gobierno extranjero demanda a miembros de la industria de armas ante cortes estadunidenses.

Del mismo modo, el pasado 10 de octubre, el Gobierno Mexicano presentó una nueva demanda ante la Corte Federal de Distrito de Tucson, en contra de cinco tiendas de armas en Arizona. En dicha demanda se argumenta que estos vendedores “de manera rutinaria y sistemática, participan en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de tipo militar, para organizaciones criminales en México a través de ventas a prestanombres, así como ventas dirigidas a traficantes de armas”.

Al respecto, el Canciller Marcelo Ebrard ha precisado que las políticas de ventas de armas de esas empresas no establecen criterios para prevenir el traslado de las armas a nuestro país, en donde su uso está prohibido, y tampoco bloquean la venta de esas armas a grupos de la delincuencia organizada.

Por ese motivo, la diputada pidió un pronunciamiento para que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, respalde las acciones legales emprendidas por el Gobierno de México en los Estados Unidos, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que buscan frenar el tráfico ilegal de armas hacia México y con ello poner un alto al crimen organizado para seguir construyendo la paz en el país.