Alondra Olivera

Un habitante de Santo Domingo Teojomulco, denunió que en esta comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca habilitaron un sótano del palacio municipal como prisión clandestina, donde se cometen violaciones a derechos humanos, se atenta contra la dignidad humana y se aplica la tortura.

De acuerdo con la denuncia fueron exautoridades municipales las que iniciaron esta cárcel para encerrar a ciudadanos y ciudadanas que cometen presuntas faltas administrativas.

Las ex autoridades de esta población encabezados por Othoniel Cruz Díaz y el exsíndico Pablo Juárez encarcelaron a más de una decena de ciudadanos, a quienes les cobraron multas excesivas en los últimos días de su administración dado que el pasado 1 de enero entregaron el cargo.

Sin embargo, acusaron que las nuevas autoridades que encabezan Uriel León Venegas, presidente y Eliud Pérez Rojas, síndico, vienen en la misma dinámica en incluso han agudizado las agresiones contra quienes continúan encarcelados.

Julián Ruiz, una de las víctimas de violacion a sus derechos humanos tras haber sido encarcelado en una de estas mazmorra, contó que fue liberado después de ocho meses luego de que dio positivo a un antidoping, fue torturado y lo expulsaron de su comunidad.

«Mi nombre es Julian Ruiz, son originario de Santo Domingo Teojomulco, estuve privado de mi libertad durante ocho meses en la cárcel municipal clandestina por orden del expresidente municipal, Othoniel Cruz y el síndico, Pablo Juárez sin cometer delito o falta alguna».

Detalló que el 31 de diciembre, día que fue liberado, lo golpearon brutalmente, así como amenazado para que saliera de la comunidad, de lo contrario lo iban a matar y le cobraron 8 mil pesos de multa.

Ese mismo día, otras personas fueron puestas en libertad y a quienes les cobraron multas de 20, 30 y 40 mil pesos, recurso que se quedó en los bolsillos del ex síndico municipal.

Asimismo, denunció que la ciudadana Ericka Marina Díaz Martínez y su hijo de un año, están encarcelados desde hace siete meses, supuestamente por entregar mal las cuentas de una gasolinera propiedad de la localidad.

Sobre este caso tiene conocimiento la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), sin embargo, a la fecha no ha podido proceder, la cual fue condenada a 15 años de prisión por las autoridades que se amparan en sus usos y costumbres.

Ante el temor de la integridad física de su familia que se quedó en la comunidad, Julián pidió la intervención de las autoridades federales para que cesen las violaciones a los derechos humanos en esta comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca.