Con 34 votos a favor, las y los diputados oaxaqueños aprobaron la ley «3 de 3 contra la violencia de género», la cual cierra la puerta a deudores alimentarios, agresores y a quienes incurrieron en violencia de género a acceder a cargos públicos.

Con esta ley se reforma el artículo 21 BIS de la Constitución Política de Oaxaca en donde se especifica que quienes hayan incurrido en violencia familiar, delitos sexuales o son deudores alimentarios no podrán ser servidores públicos.

La aprobación de esta ley derivó de tres iniciativas presentadas en la Cámara de diputados local, dos de ellas presentadas por diputados y diputadas y una enviada por el gobernador, Salomón Jara Cruz el pasado 1 de febrero.

En este sentido, las personas que busquen algún cargo público de poder o toma de decisiones no deberán afrontar resoluciones firmes por delitos de género, por violencia familiar o cometer delitos por razón de género, así como no deben de estar inscritos en el padrón de deudores alimentarios morosos o a menos que acredite estar al corriente o cancele en su totalidad la deuda.

La ley alcanza a nombramientos en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO), en el caso del nombramiento de la o él titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Auditoría Superior de Fiscalización, Fiscalía de Justicia, Tribunal Estatal Electoral e Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca en la designación de consejeros electorales, así como de organo garante de Accesos a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno.

Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado y el Congreso del Estado tendrá 180 días naturales a partir de que entre en vigor para reformar las leyes secundarias.