La Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez González fue acreedora de una suspensión indefinida al frente de ese órgano electoral, derivado a una falta administrativa grave calificada como desvío de recursos.

Aunque el primer aviso contemplaba siete días de suspensión, esta determinación cambió en las últimas horas, luego que se determinó que la falta es grave, por lo que se deberá de investigar a la consejera presidenta y otra funcionaria del órgano electoral, identificada como Noemi Sánchez Gutiérrez.

El Órgano Interno de Control del IEEPCO, precisó que esta denuncia en contra de la presidenta, es derivado a que durante el mes de julio, se detectó que personal externo realizó trabajo de obra blanca, como remodelación y mantenimiento.

Sin embargo, la queja es que hasta la fecha, la instancia (Órgano Interno de Control), no ha tenido informacion ni conocimiento de que previo a dichos trabajos de remodelación y mantenimiento se hayan llevado a cabo el procedimiento alguno para la correcta utilización y comprobación de los recursos públicos con los que cuenta el órgano electoral.

Asimismo, el Organismo precisó que se han detectado algunas erogaciones que carecen de documentación justificativa, como lo es el arrendamiento de vehículos, sin que se haya aplicado los procedimientos que contempla la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, así como el Reglamento de Adquisiciones y Servicios del IEEPCO, que en ambos ordenamientos se habla de que las adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento y servicios por regla general, se realizará mediante licitaciones a través de una convocatoria correspondiente, hecho que en este caso no ocurrió.

Ante esta situación, el órgano establece que tanto la consejera presidenta como la otra funcionaria, no habrían cumplido con las formalidades establecidas para el manejo presupuestado para ese órgano electoral, lo que conlleva a una falta, luego que podría afectar al presupuesto del instituto para su debido funcionamiento dentro del ejercicio legal 2021, 2022 y 2023.

De acuerdo a información, también en una auditoría realizada, a la consejera presidenta se le habrían realizado 56 observaciones y recomendaciones del proceso electoral 2022, por un monto de 50 millones 776 mil 644.23 pesos.

De estos solo se solventaron 19 observaciones y 22 de solventaron parcialmente.

El monto pendiente de solventar es de 𝟭𝟵 millones 9𝟳5 mil 𝟭𝟭𝟳.𝟯𝟮 pesos, corresponde a 15 observaciones de las cuales sobresalen 11 que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios no presentó evidencia de la documentación justificativa, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles.

Ante esta situación, se dará aviso al Instituto Nacional Electoral (INE), para continuar con este proceso administrativo.