La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, anunció este lunes que ha denunciado en el Congreso a la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por las muertes en las protestas antigubernamentales.

Esto como réplica a una investigación abierta en su contra por la supuesta conformación de una red criminal en el Ministerio Público.

    «Informo que he formulado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Boluarte y Luis Alberto Otárola», dijo en una declaración en la que aseguró que la investigación abierta en su contra «tienen como propósito» amedrentarla para que no continúe su «lucha contra la impunidad».

Rebelión en la fiscalía peruana

Los fiscales peruanos que integran el equipo especial anticorrupción se rebelaron contra la fiscal general, Patricia Benavides, después de que ésta destituyera del cargo a la coordinadora de ese grupo que persigue la corrupción en el poder, Marita Barreto.

Benavides tomó la decisión luego de que el equipo especial abrió, junto con la policía, una investigación al entorno de la máxima responsable del Ministerio Público.

En respuesta, los miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Efficop) emitieron un pronunciamiento de rechazo a la destitución de Barreto, quien es una de las fiscales de mayor prestigio en Perú.

    «Al amparo de la autonomía e independencia del Ministerio Público respaldamos y ratificamos las acciones lideradas por la Dra. Marita Sonia Barreto Rivera», remarcaron en el pronunciamiento.

    Agregaron que, por ese motivo, rechazan «al acto resolutivo emitido por la fiscal de la Nación en funciones», que consideraron que «solo genera retraso y perjuicio en las investigaciones».

Los fiscales también solicitaron «respetuosamente» a los miembros de la Junta de Fiscales Supremos «que, ante los hechos puestos a conocimiento público, actúen con responsabilidad y buen criterio en defensa de la institucionalidad en el marco de sus atribuciones constitucionalmente reconocidas».

    «Invocamos a las instituciones y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes sobre acciones que pudieran formularse contra los señores fiscales que conforman el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop)», pidieron.

Los fiscales anunciaron que «permanecerán en el cargo» y reafirmaron su «compromiso de una lucha frontal contra la corrupción, provenga de donde provenga, y caiga quien caiga».

El Eficcop y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional iniciaron este lunes un operativo con detenciones y allanamiento de viviendas y oficinas de asesores y ex asesores de la fiscal general.

Los asesores son acusados de integrar una presunta organización criminal «enquistada en la alta dirección del Ministerio Público» que buscaba influir «ilícitamente en decisiones de congresistas» para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos «para fines ilícitos».

En respuesta a la investigación contra sus asesores, Benavides destituyó a la fiscal Barreto y, horas después, emitió un pronunciamiento grabado en el que señaló que se mantendrá en el cargo ya que consideró que las investigaciones en su contra son «un acto torpe» para intentar bloquear las investigaciones que sigue contra los máximos representantes del gobierno por las decenas de muertes durante las protestas antigubernamentales que se desarrollaron de diciembre a marzo pasado.

Fuente: Milenio