En sexto lugar se encuentra el estado de Oaxaca, sobre los casos de desplazamiento forzado interno.
Así lo dio a conocer la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), quien confirmó que esta problemática se sigue presentando en la entidad.
La ombudsmán, Elizabeth Lara remarcó que aunque las cifras no son oficiales, como DDHPO tienen reporte de casi cinco mil personas que se encuentran en esta situación desde el periodo de 2010 a 2023.
Durante el informe Desplazamiento forzado interno de personas, la titular de la DDHPO, Elizabeth Lara Rodríguez señaló que esta cifra se deriva de los 156 expedientes de queja y cuadernos de antecedentes con los que cuenta la defensoría.
De este número de expedientes y quejas, dijo que en 142 casos el desplazamiento ocurrió en algunas comunidades indígenas y el resto en contextos urbanos.
A la fecha, en el estado, no existen datos oficiales sobre el número de personas desplazadas, tampoco una práctica institucional de realizar censos o encuestas; sin embargo, tomando como referencia datos de los expedientes e información publicada en medios de información, la Defensoría estimó un aproximado de 4 mil 499 personas desplazadas en 13 años.
Lara Rodríguez mencionó que de acuerdo con los expedientes iniciados 64 casos se presentaron en la Sierra Norte, 30 en Valles Centrales, 26 en la Mixteca, 22 en la Sierra Sur, 5 en el Papaloapam, 4 en el Istmo y 3 en la Costa.
En este contexto, la DDPO emitió 250 medidas cautelares, 3 recomendaciones y el pasado 10 de enero de este año se presentó ante la 65 legislatura del estado un proyecto de reforma a la Constitución Política del Estado para dar atención integral a las víctimas de desplazamiento forzado interno y se solicitaron 900 Colaboraciones a distintas autoridades estatales, federales y municipales.
“Las principales causas del desplazamiento son: imposición y aplicación de sanciones por incumplimiento de cargos, falta de pago de cuotas, falto de transparencia en recursos económicos, la expulsión no fue la primera forma de sanción sino la última decisión de la asamblea”.
La defensora añadió que en la mayoría de estos casos previo o durante el desplazamiento ocurrieron hechos de violencia como asesinatos, agresiones físicas, con arma de fuego, daños a bienes inmuebles e incendio de viviendas o cultivos.
