María Elena Ríos y familia continúa con su carrera delictiva de extorsión, chantaje y hasta homicidio.

El estatus actual legal de la saxofonista es de «prófuga de la justicia».

OAXACA, México. – La activista y saxofonista María Elena Ríos Ortiz, ampliamente conocida por su exigencia de justicia tras sobrevivir a un intento de feminicidio mediante un ataque con ácido, se encuentra bajo la lupa judicial, derivado a que tanto ella como integrantes de su familia han acumulado múltiples carpetas de investigación por presuntos delitos en la región Mixteca de Oaxaca.

De acuerdo con documentos ministeriales, el historial de denuncias abarca un periodo que va desde el año 2011 hasta el 2015, sumando un expediente más abierto de manera reciente en el 2024.

Los señalamientos contenidos en las distintas carpetas de investigación abarcan un amplio catálogo de delitos que continúan sin resolverse formalmente y entre los que se encuentra:

Allanamiento de morada y lesiones.

Lesiones con la agravante de pandilla.

Daños a la propiedad.

Amenazas y extorsión (incluyendo un caso específico de exigencia por la cantidad de 150 mil pesos).

Falsedad en declaraciones ante autoridades no judiciales.

Homicidio de Carlos Ríos por parte del hermano de María Elena.

Las acusaciones involucran directamente a María Elena Ríos Ortiz, a sus hermanos Silvia, Juan Carlos (conocido como «El Mosco») y a su padre, Bulmaro Ríos Soriano, en hechos ocurridos principalmente en localidades como Santo Domingo Tonalá y Huajuapan de León.

El contraste más severo de la situación jurídica se deriva de una de las carpetas más recientes.

María Elena Ríos y su hermana Silvia Ríos Ortiz mantienen actualmente el estatus de prófugas de la justicia, luego de no comparecer a la audiencia inicial programada en los Juzgados de Control de San Francisco Tanivet, en Tlacolula de Matamoros.

Dicha comparecencia estaba vinculada a una investigación por una agresión ocurrida en diciembre de 2024 en contra de la ciudadana Andrea Montserrat Ramos Gómez.

A las acusaciones ministeriales en su contra se suma una fuerte corriente de opinión pública que cuestiona los privilegios y el respaldo institucional de los que goza María Elena Ríos Ortiz por parte del gobierno federal y del partido en el poder (Morena).

Críticos y opositores señalan que, mientras la activista evade comparecer ante los juzgados locales bajo el estatus de prófuga, ha recibido un blindaje político e institucional que la mantiene en una posición de intocable.