Sala de Justicia Indígena debe ser elevada a rango Constitucional

Comunicado

Estado|Legislativo
lunes, 23 de diciembre de 2024
  • La propuesta de ley contempla adicionar el artículo 126 Bis de la Carta Magna
  • Como requisito se establece, que las y los magistrados que la conformen pertenezcan a un pueblo o comunidad indígena

San Raymundo Jalpan, Oax., a 23 de diciembre de 2024.- Teniendo como premisa la salvaguarda, el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la diputada Analy Peral Vivar presentó al Congreso de Oaxaca la iniciativa de ley que plantea elevar a rango Constitucional la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

El proyecto de decreto también establece como requisito que las magistradas y magistrados que la integren pertenezcan a un pueblo o comunidad indígena, y para ello, deben acreditar de manera objetiva su pertenencia con la demarcación. 

Con esta visión se busca que, quien cumpla con este cargo tiene que conocer directamente la forma de vida y cosmovisión, el desarrollo de las instituciones propias, tener un vínculo con las prácticas comunitarias y la forma en que se resuelven los conflictos en la demarcación.

La propuesta de la legisladora plantea hacer uso del criterio de Autoadscripción Calificada adoptado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), utilizado para garantizar una acción afirmativa indígena en materia electoral y con ello evitar la suplantación o acciones fraudulentas al identificarse como parte de una comunidad originaria sin serlo, criterio aplicable para este caso pues persigue el mismo fin. 

La congresista por el Grupo Parlamentario de Morena refirió que la Sala de Justicia Indígena del TSJE surge con funciones a partir del 01 de marzo de 2016 y actualmente está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero por su vital importancia y trascendencia debe ser incorporada a la Constitución Política de Oaxaca. 

Destacó que dentro de sus funciones están la de conocer los asuntos relacionados con las resoluciones emitidas por las autoridades de los pueblos y comunidades originarias en ejercicio de su función jurisdiccional al aplicar sus Sistemas Normativos Internos. 

Esta propuesta considera adicionar el artículo 126 Bis de la Carta Magna y fue turnado para su revisión a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales.