Juan Carlos Zavala

Organizaciones de la sociedad civil y activistas acusaron a políticos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con el despojo de tierras en comunidades de la región Costa de Oaxaca; uno de los señalados es el ex diputado local, Alejandro Avilés Álvarez.

Durante el “Foro por la defensa del territorio y derechos agrarios de comunidades y campesinos de la costa oaxaqueña”, denunciaron que Miguel Sánchez Hernández, un campesino indígena originario de la localidad de Salchi, Cuatunalco, en San Pedro Pochutla, es víctima de intento de despojo.

En estos hechos, aseguraron, están implicados políticos que anteriormente eran del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que ahora están cobijados en el PVEM y en el gobierno de la Cuarta Transformación.

Las organizaciones señalaron específicamente a Alejandro Avilés Álvarez, Orlando Acevedo, Jesús Reyes alias “Chucho Reyes”, y Alfonso Esparza.

“También son cobijados por los integrantes del Cártel del Despojo y por el Cártel del Saneamiento Financiero, quienes han irrumpido violentamente en la vivienda de nuestro compañero Miguel, amenazándolo de muerte y empleando a un grupo armado para intimidarlo”.

El objetivo, afirmaron, es expulsarlo de sus tierras con la intención de construir un proyecto hotelero, inmobiliario y turístico en esta playa; sin embargo, “no han podido doblegar la determinación de un campesino que toda su vida la ha dedicado al cultivo de sus tierras”.

Ahora, sostuvieron que el despojo ya no se disfraza sino que viene con nombres de “inversiones”, “progreso” y “desarrollo”, pero detrás de esos discursos se esconde el modelo capitalista y neoliberal que busca convertir las tierras sagradas y playas comunes en mercancía para el turismo de élite, expulsando a las comunidades, destruyendo los ecosistemas y robando la historia.

Por ello, exigieron a la Fiscalía General de Oaxaca que continúe con el seguimiento a las denuncias en contra de Alejandro Avilés Álvarez, Orlando Acevedo, Alfonso Esparza y Jesús Reyes, responsables del intento de despojo territorial contra Miguel Sánchez Hernández.

Demandaron, también, medidas de protección por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, para que garanticen la vida e integridad física y moral de Miguel Sánchez y su familia; así como de la posesión de sus tierras que hasta hoy mantiene.

Y finalmente, pidieron justicia por el asesinato de Abraham Hernández González, a quien asesinaron por defender, junto a Miguel Sánchez, las tierras de playa de Salchi. “A 7 años de su cobarde asesinato, las carpetas de investigación siguen sin avanzar y los culpables gozan de total impunidad”, afirmaron.