En política hay personajes que aparecen cada cierto tiempo con el mismo libreto bajo el brazo. Cambian las administraciones, cambian los gobiernos, pero el discurso sigue siendo exactamente el mismo. Eso parece estar ocurriendo en Pueblo Nuevo, donde nuevamente circula un pronunciamiento lleno de “hartazgo”, acusaciones y llamados a la movilización social.
Nada nuevo bajo el sol.
El documento, fechado en marzo de 2026, repite la vieja narrativa: abandono gubernamental, obras mal planeadas, falta de infraestructura y promesas incumplidas. El problema es que el texto parece calcado de protestas que ya se habían presentado años atrás. La indignación, curiosamente, se recicla cada vez que hay recursos de obra pública en juego.
Y es ahí donde la historia se pone interesante.
Porque detrás del pronunciamiento —firmado en nombre de colonias, comités y hasta del ejido— vuelve a aparecer el nombre de Ramiro Santos Cruz, secretario del comisariado ejidal de Pueblo Nuevo, quien desde hace tiempo se mueve como si la agencia municipal fuera un pequeño feudo donde las obras públicas deben pasar primero por su visto bueno.
El libreto es conocido: primero se prende la inconformidad, luego se acusa al gobierno de abandono y finalmente se presiona con bloqueos o movilizaciones. Todo bajo el argumento de que la comunidad exige soluciones.
Pero en los pasillos políticos de la capital la lectura es otra: lo que realmente está en disputa no es la obra, sino quién maneja la obra.
Porque cuando el discurso social se repite palabra por palabra cada vez que hay recursos en puerta, deja de parecer una causa comunitaria y empieza a verse como una estrategia de presión bastante bien ensayada.
En Pueblo Nuevo muchos ya se saben la historia: el problema nunca es la obra… el problema es quién se queda con el control de ella.
Y mientras tanto, el supuesto “hartazgo social” termina siendo utilizado como herramienta de negociación política.
La pregunta es inevitable: ¿defensa de la comunidad… o negocio disfrazado de protesta?
