Señalan usurpación de profesión en Vivienda Bienestar de Oaxaca.

Trabajadores de Vivienda Bienestar del Estado de Oaxaca (VIBIEN) señalaron a Deysi Cristel Niño Jiménez, quien aparece en el directorio oficial de la dependencia como Jefa de la Unidad Administrativa, por presuntamente ostentarse como “L.A.”, siglas correspondientes a Licenciada en Administración, sin contar, de acuerdo con una consulta realizada en el portal de cédulas profesionales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con título o cédula profesional.

De acuerdo con el señalamiento, la funcionaria tiene entre sus atribuciones la administración de recursos humanos, materiales y financieros; la formulación de trámites para la liberación de recursos; planeación y distribución del presupuesto; supervisión de procedimientos administrativos; establecimiento de criterios de racionalización presupuestaria; autorización de reportes del Sistema Estatal de Finanzas Públicas necesarios para procedimientos de contratación, así como la coordinación de estados financieros.

Los trabajadores recordaron que semanas atrás empleados de base y de confianza de Vivienda Bienestar denunciaron haber quedado sin el pago de su nómina, situación que ahora relacionan con lo que consideran una falta de preparación y experiencia de quien se encuentra al frente de la Unidad Administrativa.

Según la consulta realizada el 6 de octubre de 2026 en el portal de cédulas profesionales de la SEP, Deysi Cristel Niño Jiménez no contaría con título ni cédula profesional para ejercer una profesión, pese a identificarse públicamente con las siglas “L.A.”.

La Ley del Ejercicio Profesional del Estado de Oaxaca establece, en su artículo 22, que las personas que no cuenten con título, cédula o autorización no pueden atribuirse el carácter de profesionista ni suscribir documentación como tal. Asimismo, señala de manera específica que empleados y servidores públicos no pueden suscribir documentos públicos ostentando una profesión sin contar con el título legalmente expedido que la acredite.

A este señalamiento se suma la solicitud de trabajadores para que se determine si existe alguna responsabilidad administrativa, con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El artículo 75 de esta última legislación contempla como sanciones la amonestación pública o privada; suspensión del empleo, cargo o comisión de uno a 30 días naturales; destitución e inhabilitación temporal de tres meses hasta un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

En materia penal, el artículo 233, fracción II, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca establece que incurre en una conducta sancionable quien se atribuya el carácter de profesionista sin tener título legal y ejerza los actos propios de la profesión. Para esta conducta se contempla una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a 35 días multa.

Además, el artículo 235 Bis del mismo Código establece que cuando los delitos contemplados en ese título sean cometidos por servidores públicos, la pena aplicable será de tres años seis meses a seis años de prisión, multa de 500 a 730 veces el valor de la UMA, además de la destitución del empleo e inhabilitación por un tiempo igual a la sanción corporal impuesta.

Por su parte, el artículo 35 de la Ley del Ejercicio Profesional del Estado de Oaxaca contempla la acción popular, por lo que cualquier ciudadano puede denunciar a quien ejerza una profesión sin contar con título.

Los trabajadores plantearon que la situación debe ser revisada por las autoridades correspondientes y determinar, conforme a la ley, si existe alguna irregularidad en el ejercicio del cargo.

El señalamiento también ocurre después de que el gobernador Salomón Jara Cruz expresara públicamente que no permitirá abusos por parte de funcionarios públicos.

Ante este escenario, trabajadores cuestionan si se investigará el caso y si la Secretaría de Honestidad, encabezada por Leticia Reyes, intervendrá para determinar si existe alguna responsabilidad administrativa.