En un mes y un día se cumplirán dos años de la masacre de quince indígenas ikoots en Huazantlán del Río, población de San Mateo del Mar, Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec, quienes hasta la fecha no han recibido justicia, ni se ha castigado a los responsables.

El 21 de junio de 2020 esas quince personas fueron detenidas, torturadas, lapidadas, heridas con arma de fuego y quemadas vivas por una turba de entre 150 y 300 personas, según las denuncias presentadas por 16 sobrevivientes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación DDGGH/125/22, relata que recibió “una queja en la que se denunció que, el 21 de junio de 2020, varias personas originarias de San Mateo del Mar, que previamente tomaron las instalaciones de la Agencia Municipal, habían sido linchadas por habitantes de Huazantlán del Río; haciendo énfasis en que integrantes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, presentes al momento de los hechos, no intervinieron.

“La investigación realizada por personal de esta Comisión Nacional determinó la existencia de situaciones previas que influyeron y detonaron los hechos de violencia, entre ellas conflictos político-electorales entre habitantes de ambos municipios y el encarcelamiento de cinco mujeres por ejercer su derecho al voto”.

Es de señalar que el 2 de mayo de ese año y con el pretexto de instalar un filtro sanitario para contener contagios de covid-19, autoridades de Huazantlán del Río ubicaron un retén que controlaba y restringía el acceso no sólo a esa comunidad, sino a toda la región”.

Sin embargo, y a pesar de diligencias judiciales y el encarcelamiento de un par de imputados, resulta clamorosa la virtual ausencia de castigos, por la impunidad institucionalizada y discriminatoria.