Nueva York. El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández fue sentenciado ayer en Nueva York a 45 años de cárcel por asociarse con narcotraficantes durante más de una década para asegurar que más de 400 toneladas de cocaína llegaran a Estados Unidos.

El juez P. Kevin Castel impuso esa sentencia a Hernández para que la cumpla en una prisión federal y una multa de 8 millones de dólares. Dijo que el castigo debería servir de advertencia a individuos «bien educados, bien vestidos» que obtienen poder y creen que su posición los protege de la justicia cuando cometen delitos.

Un jurado lo declaró culpable en marzo en el tribunal federal de Manhattan, tras un juicio de dos semanas, el cual fue seguido atentamente en su país de origen.

Al dictársele sentencia, Hernández declaró a través de un intérprete que es inocente y que fue acusado errónea e injustamente.

En una declaración larga y extemporánea, que el juez interrumpió varias veces y le recordó repetidamente que no era momento de volver a litigar el juicio, Hernández se retrató a sí mismo como un héroe del movimiento antidrogas que se asoció con las autoridades estadunidenses durante tres gobiernos distintos en Washington para reducir las importaciones de estupefacientes.

Pero el juez señaló que la evidencia presentada en el juicio demostraba lo contrario, y que Hernández empleó «habilidades de actuación considerables» para que pareciera que era un paladín de la lucha contra el narcotráfico mientras desplegaba a la policía y al ejército de su nación, cuando era necesario, para proteger el trasiego de drogas.

Cuando se anunció la sentencia, Hernández, con anteojos y uniforme de prisión verde opaco, permaneció de pie junto a su abogado frente a dos alguaciles federales.

La fiscalía pedía una sentencia de cadena perpetua más 30 años, lo mismo que habían recomendado los funcionarios de la corte especializados en libertad condicional.

Hernández, de 55 años, gobernó durante dos mandatos la nación centroamericana de unos 10 millones de habitantes. Fue arrestado en su casa de Tegucigalpa, la capital hondureña, tres meses después de dejar el cargo en 2022, y fue extraditado a Estados Unidos en abril de ese año.

Los fiscales estadunidenses dicen que Hernández trabajó con narcotraficantes desde 2004 y que recibió millones de dólares en sobornos mientras ascendía de ser un congresista rural a presidente del Congreso, antes de asumir el máximo cargo del país.

Hernández reconoció en un testimonio que prácticamente todos los partidos políticos de Honduras recibían dinero del narcotráfico, pero negó que le hayan dado sobornos.

Entre los testigos en el juicio había narcotraficantes que admitieron ser responsables de docenas de asesinatos y dijeron que Hernández era un protector entusiasta de algunos de los distribuidores de cocaína más poderosos del mundo, entre ellos el notorio capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

Durante sus declaraciones, el juez señaló que Guzmán dio un soborno de un millón de dólares en 2013 directamente al hermano del ex presidente, Juan Antonio Hernández, un ex congresista hondureño que fue sentenciado a cadena perpetua en 2021 en Nueva York por cargos de drogas.

Fuente: La Jornada