Piden investigar y sancionar presunta injerencia en la SIC; denuncian que el caso sigue sin atenderse.

Oaxaca de Juárez, Oax.– Trabajadores de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC) señalan una presunta intervención de Germán Venancio Flores, identificado como pareja sentimental de la titular de la dependencia, Sildia Mecott Gómez, en decisiones internas de la institución, pese a que —según las denuncias— no tendría un cargo oficial.

El caso ya habría sido denunciado previamente, pero, de acuerdo con los señalamientos, hasta el momento no se han tomado cartas en el asunto. Esta falta de respuesta genera nuevas interrogantes sobre la actuación de las autoridades responsables de investigar posibles irregularidades administrativas.

¿A quién se está protegiendo? ¿Existen acuerdos o intereses que expliquen por qué el caso sigue sin una respuesta institucional? Son algunos de los cuestionamientos que plantean los denunciantes, quienes exigen que se investigue la presunta intervención de una persona que, aseguran, no cuenta con nombramiento ni atribuciones oficiales dentro de la dependencia.

Ante esta situación, solicitan al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Honestidad que intervengan, revisen las denuncias presentadas y determinen si existen elementos para fincar responsabilidades administrativas o legales.

La exigencia va más allá de una explicación pública: piden que, si se acredita el ejercicio indebido de funciones públicas, se apliquen las sanciones correspondientes conforme a la legislación vigente.

La posible usurpación de funciones públicas está contemplada en el artículo 250 del Código Penal Federal bajo supuestos específicos. No obstante, determinar si resulta aplicable al caso requiere analizar los hechos, las pruebas y la legislación correspondiente en Oaxaca.

Los denunciantes también cuestionan quién estaría tomando realmente las decisiones dentro de la SIC y si una persona sin nombramiento ni atribuciones oficiales estaría interviniendo en asuntos reservados a los servidores públicos legalmente facultados.

El silencio institucional frente a una denuncia que, según los inconformes, ya fue presentada, incrementa las dudas sobre los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas. El caso también pone bajo cuestionamiento la actuación de quienes encabezan las dependencias estatales, en un gobierno como el de Salomón Jara Cruz, que ha colocado la honestidad como parte de su discurso público.

La exigencia es concreta: que se investigue, se informe qué seguimiento se ha dado a la denuncia y se deslinden responsabilidades. Ninguna relación personal debe sustituir las atribuciones legales de los servidores públicos ni colocarse por encima de la ley.

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