Vera Carrizal sigue siendo víctima de injusticia, aseguran su abogado
Familiares y defensa de Juan Antonio Vera Carrizal, denunciaron públicamente presuntas irregularidades, retrasos e intervenciones políticas en el proceso judicial que enfrenta su cliente en Oaxaca, lo que ha retrasado su liberación.
En una protesta hecha en juzgados federales ubicados en San Bartolo Coyotepec, detallaron que Vera Carrizal, señalado de presunto autor intelectual de intento de feminicidio en 2019, fue declarado inocente el 14 de agosto de 2024 por un Tribunal de Enjuiciamiento de la región Mixteca; sin embargo, la boleta de libertad fue cancelada posteriormente por decisión de la Magistrada Berenice Ramírez Jiménez, por lo que Vera permanece en prisión.
Edgar López García, abogado de Juan Antonio Vera Carrizal, explicó que promovieron un juicio de amparo, identificado con el expediente 55/2024, cuya resolución ha sido aplazada en diversas ocasiones; mientras que las discusiones previstas para junio de 2025, marzo y abril de 2026 fueron retiradas sin justificación.
Asimismo, indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedente la solicitud de atracción promovida por la parte acusadora el pasado 14 de mayo de 2026.
López García acusó además una presunta intromisión política en decisiones del Poder Judicial Federal y señaló directamente al funcionario Héctor Vargas Parra, a quien responsabilizó de intentar influir en la resolución del caso mediante reuniones con magistrados.
La defensa hizo un llamado a las autoridades federales y a integrantes del Poder Judicial para garantizar imparcialidad y respeto al debido proceso.
La defensa también rechazó las declaraciones de María Elena Ríos Ortiz sobre los retrasos en el proceso y sostuvo que no existen pruebas sólidas contra Vera Carrizal.
Asimismo aseguró que durante la administración de Alejandro Murat, la saxofonista fue protegida y pagada por el gobierno priista, mientras que Vera Carrizal era víctima de señalamientos.
En ese sentido, indicó que este viernes se va a determinar si la boleta de libertad que obtuvo en el 2025 fue legal o ilegal.
Si es legal, se activa la boleta y saldría en libertad, de no ser así, se mantendrá preso.
